Fotografia © Francesc de Diego

Si yo no tuviese un diagnóstico de trastorno mental severo estoy seguro de que nunca se habría producido la acción de las fuerzas de seguridad que voy a narrar, antidemocrática y muy silenciada. A una persona sin la excusa del problema de salud mental difícilmente le habría sucedido esto:

En diciembre de 2019, debido a un cumulo de errores, el 112 decidió entrar en mi domicilio por unas falsas impresiones. Por el hecho de tener un diagnóstico de trastorno mental, estar en un proceso pactado con mi psiquiatra pública de reducir un poco la medicación y estar algo incomunicado por tener el móvil estropeado. A los dos días unos conocidos, muy alarmados, informaron al 112 de que no me localizaban desde las afueras de mi casa, de que yo tenía un problema de salud mental (en este caso esquizofrenia), y que seguro que me había dado una grave crisis. Yo, como la mayoría de gente, en ese momento estaba fuera de casa realizando mis actividades. El 112, policía y bomberos (este tipo de protocolos hacen que también haya sanitarios), sin ninguna comprobación más (contactar con mi familia, etc.), y dejándose llevar por el estigma y no por hechos fundados, estuvieron más de una hora y media entre reventar la mirilla para hacer palanca, destrozar mi valla con una radial y, finalmente, romper toda la pieza del ventanal con un mal palancazo, para después romper los cristales y así acceder. Entró un mosso d’esquadra, miró todo mi piso y, al ver que no había nadie, me dejo una nota y se fueron. Y ahí finalizo la búsqueda. Me dejaron el bajos completamente accesible a ladrones y demás y se marcharon. Al llamar a comisaria, con cierta sorna, me comentaron que no iban a hacer nada más y que podía denunciar a la Generalitat. Al menos, al presentarme en comisaria me dieron la hoja de daños, no la versión oficial policial.

Una de estos dos colegas me encontró por Facebook y me contó lo sucedido. El otro, se fue a comer con unos conocidos suyos. He de decir que una de estas dos personas es de una asociación de familiares de afectados de salud mental y la otra es de una asociación de personas con problemas de salud mental (dijeron actuar en nombre de una conocida asociación de usuarios de salud mental).

Mi seguro cubre estas acciones, pero CaixaBank Adeslas no quiso saber nada de lo firmado y no envió técnicos ni reparadores. Me dejo tirado con un bajos dañado, hasta que pude contactar con un reparador. Sólo la reja tardó dos o tres semanas en poder colocarse. Esto fue el principio de las tensiones y el mal vivir que me han acompañado desde entonces.

El Consorcio de Compensación de Seguros del Estado, que dice protegernos de este tipo de situaciones y esta para eso, puso todo su empeño en tirar atrás todo tipo de documentación (que por cierto CaixaBank Adeslas no me quería entregar), e incluso ponía en duda la veracidad de la documentación que les podía entregar.

Cuando pedí explicaciones a estas dos personas, y que se hiciesen cargo del coste de reparar los daños que realizó el operativo en mi domicilio, no sólo no se disculparon ni reconocieron error alguno, sino que insistían en que dejase de hablar de este asunto, sobre todo cuando comentaba el dinero que iba a costar los daños ocasionados (incluso fui amenazado por ella telefónicamente, él tampoco se queda corto). Discriminación desde dentro del ámbito de la salud mental.

En marzo de 2020 llego el confinamiento y lo pase viendo una obra a medias y con mi salud muy deteriorada por todo esto. Los dos conocidos que propiciaron la acción del 112 se habían desentendido de todo esto hacía meses.

Finalmente, tras ver que me ahogaban en burocracia para no hacer nada, fui a la OMIC, OMAP y al Síndic de Greuges, quien me derivó al Defensor del Pueblo. Apenas contacté en junio – julio de 2020, casualidades, el Consorcio abonó la cantidad para la reparación mínima. Si hubiese intentado que quedase lo más parecido a como estaba antes, habría triplicado los gastos.

Intenté ser apoyado por asociaciones y entidades, pero apenas he recibido el apoyo de alguna de ellas.

La versión oficial policial nunca me ha sido entregada pese a ser solicitada en la comisaria pertinente de Mossos d’Esquadra. Incluso informé al 012 y a Interior de la Generalitat, pero me volvieron a derivar a hacer la petición a la misma comisaria.

Actualmente estoy intentando que me sean abonados los perjuicios por la acción realizada. Nadie se ha disculpado, incluso hay personas que aprovechan estas situaciones, demostrando así su mezquindad y mala fe.

¿Qué se puede aprender de esto? ¿Qué observo de la situación actual de violencias diversas hacia la gente? O incluso, ¿cómo seguir confiando en los demás?

Por otro lado, a nivel oficial estas cosas no pasan, nunca han pasado y probablemente lo narrado sea negado.

Francesc de Diego